En el marco del Proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”, Cooperacción implementó el Observatorio de conflictos amazónicos “Vigilante Amazónico”, que a su vez emitió su primer informe semestral a fin de transformar los conflictos y reivindicar el derecho de los pueblos indígenas.
Un último informe del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos “Vigilante Amazónico”, elaborado por CooperAcción, da cuenta que no solo la brecha social es lo que más aqueja a este Perú de las diferencias, sino también de un Estado que impone un modelo de “desarrollo” otorgando concesiones a diestra y siniestra, sin detenerse a analizar si dichas concesiones a empresas privadas vulneran el hábitat y la vida cotidiana de las comunidades que allí viven.
Según Vigilante Amazónico existe en las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín y Junín, un aproximado de 257 comunidades cuyo territorio está siendo superpuesto por las concesiones para actividades extractivas otorgadas por el Estado.
Lo más alarmante es que muchas de estas comunidades afectadas no cuentan con un título de propiedad y por lo tanto no pueden ejercer su derecho a exigir un Estudio de Impacto Ambiental previo.
El gobierno debe facilitar las labores para que la gente asentada en esos lugares pueda acceder a la titulación de sus propiedades, no hay otro modo de que sean considerados y puedan exigir los derechos que como ciudadanos les corresponde, agrega Miguel Valderrama, integrante del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos de Cooperacción.
POR REGIONESDe acuerdo al informe, en la comunidad Ashaninka, ubicada en la provincia de Satipo, región Junín, se superponen los lotes 57 (Repsol), 131 (Cepsa Perú), 108 (Pluspetrol), 58 (Petrobras) y 174 (Tecpetrol). Satipo se extiende sobre un área de 1.9 millones de hectáreas, de las cuales el 47% está concesionado a Pluspetrol (40%) y a Repsol (7%).
En Amazonas las comunidades de Santa María de Nieva se oponen al contrato de concesión del lote 116 de la empresa Maurel Et Prom, hoy en fase de exploración, por temor a una posible contaminación y por no haberse realizado consulta previa.
De las 75 comunidades nativas de Awajun y Wampis, que residen en la provincia de Bagua, 16 se han visto superpuestas por el lote 116. Además este lote se encuentra superpuesto al 48.54% de la Reserva Santiago Comaina, ocupando el 36% de su territorio.
En el distrito de Napo (Loreto), el 41% de su área está ocupada por siete concesiones de Hidrocarburos que a su vez se extienden a lo largo de 5.3 millones de hectáreas. Asimismo, la Reserva Nacional Pucaruro ha sufrido la superposición de su territorio por parte de Repsol (lote 39), Perenco (lote 67) y Pluspetrol (lote 1AB).
La principal concesión que opera en San Martín es el lote 103 a cargo de la empresa Talismán y se extiende sobre un área de 870 mil hectáreas, ocupando el 71.6% del territorio de Lamas y se superpone sobre 23 comunidades nativas Kechwa, según el Observatorio de Conflictos Sociambientales Amazónicos “Vigilante Amazónico”.
Laura Grados Lozano
La Pr1mera
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.diariolaprimeraperu.com