DECLARACION PUBLICA: NO A LA CRIMINALIZACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES AMBIENTALES EN PERÚ
- Categoría: Perú
- Publicado: Domingo, 26 Abril 2015 21:53
- Escrito por Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina - OCMAL
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DECLARACION PUBLICA
NO A LA CRIMINALIZACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES AMBIENTALES EN PERÚ
Los graves sucesos que están
aconteciendo en torno al conflicto minero en la zona de Valle del Tambo
en la provincia de Islay, Arequipa, al sur del Perú, confirman que
defender el agua, la tierra, la agricultura y el derecho de consulta del
avance de las operaciones mineras puede ser muy riesgoso para
defensoras y defensores ambientales. La empresa Southern, del grupo
México, apoyada por el gobierno peruano y los grandes medios de
comunicación hacen que la seguridad de la resistencia ciudadana pueda
ser peligrosa. El día jueves pasado la policía asesinó al campesino
Valeriano Huayna Nina cuando participaba en las protestas contra el
proyecto Tía María.
Los métodos utilizados en países como el Perú para imponer proyectos mineros ha ido mas allá de todo lo razonable.
La desesperación por el rechazo
comunitario que ha llevado a actores políticos a acusar de “terrorismo
antiminero” la legítima defensa de derechos por parte de campesinos es
calumniosa, peligrosa e inaceptable.
Se entiende como un llamado a destruir
por medios no democráticos la expresión genuina que contrapone modelos
de desarrollo locales a un extractivismo depredador, excluyente y
benefactor de empresas transnacionales con costos socioambientales
probadamente irreversibles.
Desde el Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina, OCMAL, rechazamos la persecución y
criminalización de las comunidades campesinas que defienden su derecho a
proteger el medio ambiente y su fuente de sustento basado en la
agricultura.
Consideramos extremadamente peligroso el
señalamiento de líderes ambientales y miembros de nuestra red, como lo
es Marco Arana, premiado nacional e internacionalmente por organismos de
Derechos Humanos por la defensa del ambiente y las comunidades más
afectadas por la depredación ambiental en el Perú.
Rechazamos los esfuerzos por tergiversar
las luchas por la defensa de los Derechos Humanos y los intentos por
deslegitimar el importante trabajo que realizan muchas instituciones de
la sociedad civil de Perú como GRUFIDES, LA RED MUQUI, COOPERACCION Y LA
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, en aras de la armonía y
convivencia de los seres humanos con la naturaleza.
Exigimos la investigación y sanción para
los policías que asesinaron al agricultor Valeriano Huayna Nina el
jueves pasado, sumándose así a las 41 muertes de defensores ambientales
que se han producido durante el gobierno de Ollanta Humala. Todas ellas
están quedando hasta el momento en la más absoluta impunidad.
Exigimos la rectificación y justa
valoración de los esfuerzos de las comunidades campesinas de Valle del
Tambo, de sus representantes, así como de defensoras y defensores de
derechos humanos como Marco Arana.
Exigimos la investigación y pública
difusión de los intereses existentes tras las acusaciones infundadas y
temerarias que pretenden falazmente desacreditar la defensa de la madre
tierra, asumida valientemente por comunidades y figuras públicas en el
hermano país del Perú.
Responsabilizamos al gobierno central
por la protección de quienes hoy, cobardemente, son tratados como
terroristas y delincuentes por el solo hecho de defender los derechos
sociales y ambientales de una comunidad amenazada por el extractivismo
minero.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL
